Entre lo que decimos y lo que hacemos: el enfoque de derechos en la práctica

Hablamos mucho de derechos, de participación y de escucha. Pero, en la práctica… ¿¿Cuántode todo eso es real cuando trabajamos con infancia?
A la hora de realizar un proyecto (ya sea de cooperación internacional o nacional) han de seguirse ciertas guías o estándares que van tanto a salvaguardar los objetivos y resultados del proyecto, como a las propias personas beneficiarias del mismo. Aunque estas recomendaciones sirven de hoja de ruta para asegurar las mejores prácticas posibles, a la hora de la implementación, no siempre se traduce en una protección real.
¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre enfoque de derechos?
Cuando hablamos del enfoque basado en derechos humanos, nos referimos a la aplicación de las normas y estándares establecidos en la legislación internacional de los derechos humanos - como la Convención del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos - en la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Como explica la PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el desarrollo humano sostenible depende y contribuye al ejercicio conjunto de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales.
Podemos decir que, si una entidad elabora un proyecto con este enfoque, se van a tener en cuenta distintas leyes, indicadores de rendimiento y buenas prácticas, así como los principios internacionales de universalidad, rendición de cuentas y participación.
¿Por qué a veces no se materializa este enfoque cuando trabajamos con infancia?
Cuando trabajamos con infancia y con jóvenes, desde nuestra posición de persona adulta, podemos llegar a incurrir en tomas de decisiones que si bien, se realizan desde un buen lugar, no se traducen en las mejores acciones.
Enumeramos algunos ejemplos de actividades basadas en el enfoque de derechos humanos que no generan un impacto positivo en la infancia y cómo reestructurarlos:
· Hacer proyectos para la infancia, pero sin la infancia: cuando identificamos una problemática, pero no escuchamos los testimonios de la infancia, podemos acabar realizando proyectos con una visión sesgada y parcial. Es indispensable incluir en la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos las opiniones del grupo beneficiario, ya que servirá para poder adecuar y mejorar las actividades que realizamos con ellos, así como puntos de mejora para futuros proyectos.
· Buscar la apropiación local del proyecto sin sensibilizar a la población: por mucho que intentemos hacer proyectos con la infancia, si no incluimos a sus tutores legales, comunidad cercana o profesorado, y sin entender sus jerarquías de poder, no podremos generar un impacto en el medio o largo plazo. Temáticas como el derecho a la educación de las niñas, son cuestiones que han de contar con personas adultas del entorno que también se sensibilicen para poder ser actores y actrices del cambio.
· Imposición de nuestra comprensión de derechos: relacionado con el punto anterior, imponemos a comunidades a aceptar derechos y leyes internacionales de las que nunca han oído hablar y que les resultan ajenas a sus realidades, aunque sean en beneficio de sus hijos. Más que imponer, el reto está en traducir, dialogar y construir ese entendimiento de forma conjunta. Aquí, debemos una vez más, involucrar al entorno de la infancia para poder explicar y generar un diálogo que sea positivo.
Conclusión: escuchar, comprender y actuar con conocimiento
Aunque el enfoque de derechos sea una herramienta de guía y gestión de proyectos, recordemos que cuando trabajamos con infancia debemos ejercitar la escucha activa, promover la sensibilización de todo su círculo y seguir los principios establecidos por entidades como la ONU para verdaderamente, generar un impacto positivo para los más jóvenes.
Porque no se trata solo de diseñar proyectos correctos sobre el papel, sino de asegurarnos de que, en la práctica, la infancia esté realmente en el centro.
Schehrezada Parro Tomé
Cooperante con un enfoque social en las migraciones internacionales, las personas refugiadas y los derechos humanos en una variedad de campos que incluyen la comunicación, la defensa política, el derecho internacional humanitario y la protección y gestión de los mismos en terreno.
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